Hablemos de estados fallidos...

Foto: proceso.com.mx

Mucho se comentó durante el sexenio pasado acerca del Estado fallido, sobre todo a raíz de que el crimen organizado recrudeció sus actividades y éstas hallaron eco no sólo en la prensa escrita y audiovisual, sino también en la propia estrategia de comunicación gubernamental, que convirtió el tema del combate al narcotráfico en la principal bandera a ondear en lo que se refería a logros y resultados.

En ese entonces, me llamaba la atención la posibilidad de que los criminales capturados fuesen entrevistados para la televisión, llevadas sus declaraciones a horarios estelares y que incluso sus gestos, opiniones y palabras se convierteran en tema de opinólogos, reporteros e informadores, para luego escuchar la voz de las autoridades solicitando no hacer apologías del crimen, o a los representantes de las cámaras exigiendo vetar temas y cantantes de los llamados narcocorridos, cuando eran precisamente las propias autoridades las que posibilitaban la aparición de los aprehendidos ante las cámaras.

Contradicciones aparte, en los últimos días se ha vuelto tema común el escuchar que en poblaciones de estados como Guerrero o Michoacán aparecen grupos armados que se erigen como jueces y procuradores de justicia de su propia localidad. En las imágenes, mujeres y hombres encapuchados portan armas, instalan retenes, contorlan el paso o utilizan las plazas para realizar juicios en los que se aplica la ley a mano alzada, sometiendo a la voluntad popular la inocencia o culpabilidad de los detenidos, sin proceso alguno apegado a derecho y con el veredicto exclusivo que pronuncia la asamblea reunida para tales fines. 

Esta forma de ejercer la justicia refleja, en primer lugar, el abandono absoluto del control de las fuerzas del orden en esas localidades. No vale la autoridad de la policía, de los gobernantes electos ni de ministerio público alguno. Es la justicia por propia mano llevada a su expresión más cruda y que representa el fracaso absoluto del Estado, de la autoridad, que por definición tiene el uso exclusivo de la fuerza reservado para sí. De igual modo, es indignante la venia del poder central (ya sea estatal, municipal o federal) para perpetuar, permitir o ignorar este modo de ejercer la ley; en algunos casos, incluso ha contado con el aval de gobernadores incapaces de imponer la autoridad que les fue conferida mediante el voto y cuya ejecución es adjudicación exclusiva de su cargo.

El Estado fallido es precisamente eso: cuando un gobernante es reemplazado por un poder diametral que ejerce las funciones de aquél y se adjudica sus atribuciones legales. El tribunal del pueblo reemplaza a las instituciones encargadas de impartir y procurar justicia; las guardias comunitarias asumen la labor de la policía; los ciudadanos se arman para defender lo que la autoridad legal no puede o no quiere defender; las carreteras y los accesos quedan bajo la custodia de civiles armados y las fuerzas del orden son relegadas a un plano secundario y nulificadas por incompetencia. El poder central es, en estos casos, el encargado de devolver las cosas a su lugar: garantizar la preeminencia del Estado en la salvaguarda de la ciudadanía y en la aplicaión de la ley. Sin embargo, tanto en Michoacán como en Guerrero, nada de esto ocurre, y son los propios gobernantes quienes apadrinan, respaldan o defienden esa ilegalidad que es a todas luces el fracaso absoluto de las instituciones del Estado. 

La ineptitud del gobierno queda manifiesta y es cómplice de ese modelo de justicia a mano alzada, sin garantías ni derechos humanos, sin tribunales o jueces, sin ministerios públicos o derecho a la defensa legal, sin todos esos mecanismos que las sociedades democráticas han creado para evitar que la justicia se convierta en barbarie, ley del Talión, arbitariedad de las masas o voluntad de gente encapuchada que jamás dará la cara por sus decisiones. 

El Estado fallido del que hoy se habla en pocos medios es una realidad innegable ahí donde las instituciones quedan supeditadas a la ley del más fuerte, que siempre será el que tenga un arma en la mano y no deba responder ante nadie por sus actos. Y ese es el paso previo al fascismo, que en su definición más básica es el régimen que se ostenta en la violencia y asegura encarnar la voluntad del pueblo.