Jueves altanero: un golpe maestro

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Algunos (pocos) expertos lo anunciaron desde la prensa unas semanas antes: la relación de Elba Esther Gordillo, lideresa vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), con el Gobierno Federal se desgastaba, se tensaba y llegaba a un punto en el que la ruptura era, si no inminente, sí previsible. Sólo faltaba ese giro de tuerca que ocurrió el pasado lunes por la tarde, cuando a cuentagotas primero, y ya con confirmación y faramalla oficial después, la certeza de su detención era un hecho que se celebrara por la opinión pública, en las redes sociales, en los noticieros y entre quienes han hecho de la educación una bandera que encontró un enemigo que durante décadas pareció intocable.

El movimiento en el tablero político fue excepcional: sin rumores previos ni señales que dejaran en claro la posibilidad del arresto; sin filtraciones de ninguna índole que pudieran entorpecer las investigaciones y su desenlace; saldando una cuenta pendiente con la sociedad harta del descaro, del cinismo y presa desde hace años de la animadversión que generó una exhibición impúdica de lujo, de abuso y de poder absoluto; demostrando que si bien el "debido proceso" dio la libertad a una secuestradora capturada en flagrancia, también la justicia es capaz de ir por quien ha dilapidado los recursos del magisterio nacional... En resumen, una corona en la cuenta de los primeros 100 días de gobierno: el nuevo gobierno al rescate de la educación nacional y de igual modo capaz de destronar a cualquier poder fáctico que compita por algún tipo de hegemonía.

Lo anterior, en lo que respecta a la opinión pública. Hay, por otra parte, lecturas del arresto de Gordillo que pueden interpretarse como señales que parecieran marcar la pauta del actuar gubernamental. Enlisto las que me parecen más interesantes:

1) Junto con la detención de los opositores al nuevo gobierno el 1 de diciembre pasado, la aprehensión de Elba Esther se suma a un mensaje de mano dura que, sin hacer uso de un lenguaje de confrontación, actúa de manera eficaz contra quienes pretenden oponerse a la agenda gubernamental, ya sea en las calles o desde cotos de poder –sindicales o no– construidos a lo largo de los años. 

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2) Durante los meses previos habían sido ventilados varios escándalos minúsculos que hasta el momento no han tenido mayor consecuencia que, a mi parecer, un mensaje claro: "sabemos lo que hicieron". Entre esos "destapes" están a) las deudas de los estados; b) los permisos ilegales a casinos; c) el inicio de las investigaciones por la Estela de Luz; d) la reyerta de los comisionados del IFAI, entre otros. Caso por caso, esta suma de advertencias frenan cualquier intento de a) gobernadores que intenten erigirse como poder absoluto en sus estados, tal como se hizo en el sexenio anterior; b) y c) ex funcionarios que tengan en su pasado algún mal manejo de recursos, acto de corrupción o ilegalidad; d) intrépidos que busquen acotar o poner en tela de juicio el quehacer del actual gobierno. Con el arresto de Elba Esther se cierra a la perfección esa pinza que, en pocas palabras, afirma: el gobierno tiene los archivos, tiene la información y está dispuesto a usarla, en pleno ejercicio del poder.  

3) Desde hace décadas el PAN ha visto casi con impotencia y sin saber cómo reaccionar, el modo en que otras fuerzas políticas toman como propias las banderas que ese partido defendió desde su fundación: el combate a la pobreza es ahora causa de López Obrador, sea o no efectivo en sus acciones para paliarla de manera efectiva (el PRI intenta arrebatarla con la Cruzada contra el hambre, y lejos queda la efectividad real de programas como Oportunidades); el rescate del campo poco a poco toma importancia para la actual administración, aunque en los hechos aún esté a años luz de conseguirlo; la pelea del panismo con Fox incluso hace tambalear la bandera de la alternancia democrática y, con el arresto de Elba Esther y el impulso que cobra el tema de la reforma educativa propuesta por el Gobierno federal, es muy probable que, más allá de los resultados deseables, la opinión pública asuma la capacidad (cierta o falsa) priísta para reformar la educación y la incompetencia del PAN para hacerlo, pues los avances de los dos sexenios pasados se vieron obstaculizados por la voluntad del SNTE. Eliminado el obstáculo, independientemente de lo que se logre en el tema de mejorar la calidad de la educación, el aplauso cobra proporciones históricas y el PRI hace suya la bandera de la enseñanza.

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4) Un PRI que se anunció como nuevo, que está lleno de nombres viejos pero que ostenta un rostro fresco y distinto, sigue las prácticas vetustas que antaño le ayudaron a perpetrarse en el poder. La "dictablanda" queda lejos del imaginario colectivo y de la memoria de los más jóvenes, que sólo alcanzan a percibir a un gobierno efectivo, tenaz y decidido a "hacer los cambios que el país necesite", y que serán los que voten en los comicios de 14 estados a realizarse este año.    

5) Llama la atención el hecho de que, al no aprobarse las reformas necesarias, o al aprobarse de manera incompleta, la única forma de restar poder al sindicalismo corrupto es por la vía vertical, la de la fuerza y la imposición. Así ocurrió con Luz y Fuerza durante el sexenio calderonista, así ocurre con el SNTE en estos días, con la salvedad de que resultaría absurda la movilización masiva de maestros para defender a quien lucró con su dinero y lo utilizó para su beneficio personal; es decir, es muy probable que el magisterio le dé la espalda a su lideresa o su respaldo no sea por manifestaciones en las calles sino a través de declaraciones y comunicados de la cúpula sindical. Lo contrario sería absurdo, aunque ya sabemos que en muchos temas de la vida pública  nuestro país suele rondar precisamente en el absurdo. Respecto de la incapacidad legislativa de antaño y actual para corregir el problema sindical, en días pasados hubo un tuit del periodista Gerardo Galarza en el que destacaba que, estando las leyes como están, un sindicato puede decidir de manera democrática no ser democrático y esa decisión no puede cuestionarse: hace falta un marco legal que garantice que defenestrar un liderazgo no es abrir la puerta para que otro llegue a repetir las mismas prácticas, y por ende a caer en un círculo vicioso del que los más afectados son los alumnos, a quienes se les arrebata la posibilidad de contar con una educación que los prepare para enfrentar un mundo global, competitivo y, en no pocos aspectos, voraz.

6) Si el inicio del sexenio ha estado marcado por sucesos que denotan la incapacidad gubernamental por garantizar el Estado de derecho en diversos e importantes puntos de la República (Lerdo, Torreón o Acapulco), a lo que se suma la presencia de grupos de ciudadanos de "autodefensa" y tribunales populares a mano alzada en distintas comunidades de Guerrero, Tabasco, Chiapas y Michoacán, el arresto de Elba Esther cambia los titulares contra Gobierno federal para que, en primer lugar, sea "la maestra" la nota negativa y, como complemento, sea la autoridad quien goce del aplauso popular. 

Puede el lector, al final, añadir a esta lista los puntos que guste. Lo cierto es que el arresto de Elba Esther se trata, sin duda, de un golpe maestro.

Hablemos de estados fallidos...

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Mucho se comentó durante el sexenio pasado acerca del Estado fallido, sobre todo a raíz de que el crimen organizado recrudeció sus actividades y éstas hallaron eco no sólo en la prensa escrita y audiovisual, sino también en la propia estrategia de comunicación gubernamental, que convirtió el tema del combate al narcotráfico en la principal bandera a ondear en lo que se refería a logros y resultados.

En ese entonces, me llamaba la atención la posibilidad de que los criminales capturados fuesen entrevistados para la televisión, llevadas sus declaraciones a horarios estelares y que incluso sus gestos, opiniones y palabras se convierteran en tema de opinólogos, reporteros e informadores, para luego escuchar la voz de las autoridades solicitando no hacer apologías del crimen, o a los representantes de las cámaras exigiendo vetar temas y cantantes de los llamados narcocorridos, cuando eran precisamente las propias autoridades las que posibilitaban la aparición de los aprehendidos ante las cámaras.

Contradicciones aparte, en los últimos días se ha vuelto tema común el escuchar que en poblaciones de estados como Guerrero o Michoacán aparecen grupos armados que se erigen como jueces y procuradores de justicia de su propia localidad. En las imágenes, mujeres y hombres encapuchados portan armas, instalan retenes, contorlan el paso o utilizan las plazas para realizar juicios en los que se aplica la ley a mano alzada, sometiendo a la voluntad popular la inocencia o culpabilidad de los detenidos, sin proceso alguno apegado a derecho y con el veredicto exclusivo que pronuncia la asamblea reunida para tales fines. 

Esta forma de ejercer la justicia refleja, en primer lugar, el abandono absoluto del control de las fuerzas del orden en esas localidades. No vale la autoridad de la policía, de los gobernantes electos ni de ministerio público alguno. Es la justicia por propia mano llevada a su expresión más cruda y que representa el fracaso absoluto del Estado, de la autoridad, que por definición tiene el uso exclusivo de la fuerza reservado para sí. De igual modo, es indignante la venia del poder central (ya sea estatal, municipal o federal) para perpetuar, permitir o ignorar este modo de ejercer la ley; en algunos casos, incluso ha contado con el aval de gobernadores incapaces de imponer la autoridad que les fue conferida mediante el voto y cuya ejecución es adjudicación exclusiva de su cargo.

El Estado fallido es precisamente eso: cuando un gobernante es reemplazado por un poder diametral que ejerce las funciones de aquél y se adjudica sus atribuciones legales. El tribunal del pueblo reemplaza a las instituciones encargadas de impartir y procurar justicia; las guardias comunitarias asumen la labor de la policía; los ciudadanos se arman para defender lo que la autoridad legal no puede o no quiere defender; las carreteras y los accesos quedan bajo la custodia de civiles armados y las fuerzas del orden son relegadas a un plano secundario y nulificadas por incompetencia. El poder central es, en estos casos, el encargado de devolver las cosas a su lugar: garantizar la preeminencia del Estado en la salvaguarda de la ciudadanía y en la aplicaión de la ley. Sin embargo, tanto en Michoacán como en Guerrero, nada de esto ocurre, y son los propios gobernantes quienes apadrinan, respaldan o defienden esa ilegalidad que es a todas luces el fracaso absoluto de las instituciones del Estado. 

La ineptitud del gobierno queda manifiesta y es cómplice de ese modelo de justicia a mano alzada, sin garantías ni derechos humanos, sin tribunales o jueces, sin ministerios públicos o derecho a la defensa legal, sin todos esos mecanismos que las sociedades democráticas han creado para evitar que la justicia se convierta en barbarie, ley del Talión, arbitariedad de las masas o voluntad de gente encapuchada que jamás dará la cara por sus decisiones. 

El Estado fallido del que hoy se habla en pocos medios es una realidad innegable ahí donde las instituciones quedan supeditadas a la ley del más fuerte, que siempre será el que tenga un arma en la mano y no deba responder ante nadie por sus actos. Y ese es el paso previo al fascismo, que en su definición más básica es el régimen que se ostenta en la violencia y asegura encarnar la voluntad del pueblo.