(artículo publicado en 2009 con motivo de la visita del presidente Sarkozy a México y el intento de acallar sus opiniones sobre el arresto de Florence Cassez)
La visita del mandatario francés Nicolás Sarkozy a nuestro país estuvo rodeada de diversos entuertos y retruécanos que sin duda darán todavía mucho de qué hablar: no sólo respecto del caso de Florence Cassez, criminal capturada en nuestro país que actualmente paga una condena de 60 años por secuestro, sino además en lo que toca al mal tacto diplomático que pudo constatarse entre los legisladores mexicanos, en particular, en referencia a aquella “voz” –al momento de escribir estas líneas sin nombre detrás– que solicitó al presidente galo no hablar de un tema que apuntaba –tal como sucedió– a captar toda la atención de los medios.
Sarkozy, más allá de los eventos oficiales, parecía acudir al rescate de Cassez como lo ha hecho en otras naciones donde ciudadanos de su país se ven envueltos en querellas legales que, en todos los casos, han terminado en extradiciones, con el agravante de que una vez llegados a Francia los otrora culpables quedan absueltos y son obligados a pagar, cuando mucho, penas mínimas; esto porque los procesos judiciales son revisados a la luz de la justicia gala –donde el Estado de derecho y los derechos ciudadanos tienen la misma vigencia y validez, sin excluirse unos y otros–, que considera agravantes como derechos humanos, condiciones de dignidad en el trato al prisionero y esos tortuosos y en ocasiones torcidos caminos que en México se recorren desde el momento del arresto hasta que el inculpado es presentado ante nuestros no pocas veces dudosos “ministerios públicos”.
Más allá de los asuntos que corresponden al derecho internacional –tema de suyo complejo en estos casos–, es interesante constatar el modo en que los legisladores mexicanos enfrentaron el problema que en últimas fechas se ha llamado “affaire Cassez-Sarkozy”: pidiendo a uno de los líderes más influyentes del mundo –actualmente, el presiente más protagonista de la Unión Europea– que guardara silencio. Y al respecto, es ejemplar una frase del discurso de Sarkozy en la tribuna de la Cámara de Senadores: “En las democracias no se callan los temas. En las democracias se habla de las cosas que ocupan a todos”.
Palabras más palabras menos, y aventurando una muy personal lectura de los metamensajes tan habituales en la política, en cualquier nivel y en cualquier país, con esas palabras el mandatario francés dice: 1) Soy el presidente de un país, y no me calla nadie, máxime cuando represento a todos los franceses, sean criminales o santos; y, quizá lo más importante y aleccionador para la joven democracia mexicana: 2) los modos de ocultar o sobrellevar los temas de interés público mediante acuerdos “por debajo de la mesa” no son propios de sistemas plenamente democráticos, donde la transparencia, la justicia, la religión, el aborto, las minorías, los retos de la pluralidad, y un inmenso etcétera, se discuten y se debaten a la luz de la opinión pública, bajo la premisa de que lo público compete a todos y no sólo a la clase gobernante, que mucho menos tiene derecho a decidir lo que es de asunto común o no.
Otra frase de lo que se antojaba el discurso de un auténtico jefe de Estado fue aquella de “El mundo espera el lugar que debe ocupar México”. Y el primer paso para avanzar en el sentido de construir el gran país que México está llamado a ser es aceptar sin miedo ni censura ni excepciones la condición pública de, valga la redundancia, lo público. Cuando la libertad no alcanza para poner sobre la mesa cualquier tema es que aún hay cotos que es preferible mantener en la oscuridad, espacios donde cabe desde la ilegalidad hasta el acuerdo soterrado que, no obstante, afecta el interés común.
Al final, es indispensable que el sistema político mexicano le pierda el miedo a la verdad, sea cómoda o no, sea “políticamente correcta” o no. Si hay un delito qué perseguir o castigar es imperativo hacerlo, pero el valor de la justicia pierde sus cimientos más básicos cuando ésta se atropella los mínimos derechos ciudadanos, incluso cuando estos benefician a criminales. Si no hay nada qué ocultar en el caso de Cassez, qué más da que cumpla su pena en México o en Francia.
Pero, si por algún motivo existe la posibilidad de que una revisión de los procedimientos demuestre anomalías en la aplicación de la justicia, entonces el “affaire” legal de esta secuestradora simplemente sacará de nueva cuenta a la luz las enormes irregularidades que existen en el sistema penal mexicano o, lo que es lo mismo, los periplos por los que aquella frase de “va a la cárcel quien no tiene dinero suficiente” sigue teniendo una lamentable vigencia y una muy incómoda actualidad.
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